La cirugía plástica se ha convertido en una de las subespecialidades de la medicina más rentables en los últimos tiempos, al punto que profesionales que no tienen una capacitación formal en esta área terminan incursionando en ella, exponiendo al paciente a complicaciones e incluso la muerte.
Autoridades y gremios ligados al tema reconocen esa realidad que en los últimos tiempos ha quedado en evidencia a través de uno de los casos que más conmocionó al país: la muerte de la joven médica Daisy Almaraz después que el ginecólogo Luis Orestes Harnés le practicó una mamoplastía de aumento.
“Esta especialidad viene siendo agredida por colegas que no han recibido esta formación. Hay cirujanos generales, dermatólogos, oftalmólogos, otorrinos, traumatólogos y demás que se dan el gusto de incursionar en cirugía plástica, algunos solo porque en cierto momento ayudaron a un cirujano plástico. Es muy grave, porque así como no puede pasar nada en una, dos o diez cirugías, en algún momento salen las complicaciones”, advierte el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Humberto García Iriarte.
El mismo director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, lo reconoce. “Sabemos que eso está sucediendo en Santa Cruz, cirujanos que operan, pero de forma clandestina. Es ilegal lo que hacen, están usurpando funciones porque no están autorizados (para cirugías plásticas)”, dice.
Un negocio rentable
Monasterio atribuye esta situación a lo lucrativa que se ha convertido esta especialidad, pues cada vez hay más pacientes no solo de Bolivia, sino también del exterior, especialmente por los precios más económicos.
Según especialistas consultados por EL DEBER, las cirugías más demandadas en la actualidad son la abdominoplastía (reafirmar el abdomen), la lipoescultura (moldea el cuerpo), implantes mamarios, reducción y elevaciones mamarias, rinoplastías (nariz), lifting facial (estiramiento), gluteoplastías y cirugías posobesidad (correcciones en el cuerpo, después de grampear el estómago).
Por ejemplo, mientras en Santa Cruz una abdominoplastía cuesta $us 2.000, en Brasil llega a más de $us 2.800, en Chile y EEUU casi $us 5.000 y en Argentina más de $us 5.600, según ofertas en internet. Una lipoescultura en Santa Cruz cuesta entre $us 1.500 y 2.000, mientras que en el exterior oscila entre 2.400 y más de 4.500. Una rinoplastía cuesta entre $us 700 y 1.000, y en el exterior supera los $us 3.000. Se estima que ante la demanda, estos precios en Bolivia aumentaron entre 30 y 50% los últimos 10 años.
Técnicamente, la liposucción es una de las cirugías más sencillas, según García, al punto que un cirujano general la puede hacer mirando el procedimiento unas dos o tres veces. Sin embargo, también es una de las que más complicaciones puede tener, por ejemplo, al introducir las cánulas para absorber la grasa, se puede llegar a perforar el abdomen si no se tiene el cuidado necesario, lo que ocasiona una infección que termina en peritonitis, ocasionando la muerte del o la paciente. “Hay gente que cree que es meter la canulita nomás y aspirar grasa. La mayor parte de los accidentes graves o muertes están ligados a la liposucción, más abdominoplastía. Esta última, con frecuencia también la hacen cirujanos generales sin tener la especialidad”, señala García.
Pese a que en el país se han creado las residencias médicas de varias especialidades, todavía no existe la de cirugía plástica, por lo que el médico debe salir al exterior a formarse. Incluso el Sistema Nacional de Residencia Médica dependiente del Ministerio de Salud no la contempla. Sin embargo, el ministerio, a través del Colegio Médico y la Sociedad de Cirugía Plástica, otorga certificados de esa especialidad a profesionales que obtuvieron una formación académica en el exterior.
Especialistas por ‘decreto’
Algunos profesionales, amparados en el Decreto Supremo 18886 de 1982, del Gobierno del general Celso Torrelio, pretenden hacerse reconocer como especialistas en cirugía plástica por la experiencia adquirida en la práctica y no mediante formación académica. El artículo 12 señala que los profesionales que acrediten más de cinco años en actividades de una especialidad pueden aspirar a la calificación de especialistas.
Tal es el caso del cirujano general Ronald Arce Alatrista, de origen peruano, que se tituló como médico cirujano general en Bolivia y que señala que sus derechos al trabajo, al empleo y a la igualdad están siendo vulnerados, de acuerdo con el expediente legal del caso que abrió contra las autoridades del Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad de Cirugía Plástica, después de que estas le negaron el certificado de especialista.
Arce, que fue ayudante y participó de cirugías plásticas en el hospital San Juan de Dios y una clínica privada por al menos 10 años, presentó un amparo que ganó en un tribunal de La Paz, pero la parte contraria apeló y el caso fue hasta el Tribunal Constitucional. El 12 de octubre de 2012 este tribunal emitió una sentencia que deroga el fallo de La Paz y deniega la demanda. También insta al Ministerio de Salud que en coordinación con instituciones públicas y privadas implemente la residencia de cirugía plástica en Bolivia.
El Colegio Médico de Santa Cruz y la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica justifican el fallo al señalar que el decreto se creó en un momento en que en Bolivia no había formación en ninguna especialidad, lo que no sucede hoy, y si bien la norma no fue derogada, no se aplica desde 1997. EL DEBER intentó entrevistar a Arce, pero se excusó aduciendo que consultaría con sus abogados. En el sitio web de la clínica Balance figura como cirujano plástico. Arce asegura que se ha desligado de este centro, pero hicimos una llamada para consultar sobre una cirugía plástica con él y su secretaria dijo que si bien no asiste regularmente, podríamos hacer una cita para la próxima semana
La ley sanciona el ejercicio indebido de la profesión
El Ministerio Público, a través de la unidad de Delitos Contra las Personas, que está a cargo del fiscal Jimy Cuéllar, se hace cargo de los casos en que un médico es denunciado por ejercer sin autorización, por lesiones graves o gravísimas a un paciente o, finalmente, por la muerte de este.
El artículo 164 del Código Penal establece como delito el que una persona ejerciere indebidamente una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial. Sanciona con privación de libertad de uno a dos años, pero esta pena puede agravarse si hay lesiones graves o gravísimas, y si el paciente muere puede ser procesado por homicidio culposo.
El Colegio Médico, mediante su Tribunal de Ética, puede determinar su suspensión.
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